Aprobada por el Congreso la Ley de medidas urgentes en material concursal (Ley 9/2015 de 25 de mayo)

29.05.2015
Derecho Civil

Este martes, 26 de mayo ha sido publicada en el BOE la más reciente de las múltiples reformas concursales (Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal) que, si bien mantiene fundamentalmente la redacción del Real Decreto-ley 11/2014, contiene diversas modificaciones sobre la normativa vigente. Destacamos las siguientes:

  • Se amplían las funciones de carácter informativo de la administración concursal, lo que debe ser contemplado positivamente para evitar las asimetrías informativas entre los distintos afectados, agilizar el procedimiento y coadyuvar a su eficiencia. En concreto, deberá remitir por correo electrónico al deudor y a los acreedores diversos de los documentos que elabora o recibe, tales como las solicitudes de rectificación de la propuesta de inventario y de la lista de acreedores, el informe, los textos definitivos, los informes de evaluación de las propuestas de convenio que sean posteriores a la emisión de su informe, o los desfavorables o que contengan reservas respecto las propuestas anticipadas de convenio, los informes trimestrales de liquidación y la rendición de cuentas. Algunos de estos documentos deberán publicarse asimismo en el Registro Público Concursal. Una vez aprobado un plan de liquidación de una persona jurídica, el administrador concursal  deberá remitir a dicho Registro para su publicación diversa información con la finalidad de facilitar la enajenación de sus activos.
  • La comunicación de inicio de negociaciones al Juzgado Mercantil con base al artículo 5 bis de la Ley Concursal supone que no pueden iniciarse ni seguirse ejecuciones sobre los bienes necesarios para la continuidad de la actividad. Hasta ahora existía la duda de cuál era el Juez competente para resolver acerca de dicho carácter necesario. La nueva norma lo aclara estableciendo la competencia del Juez Mercantil.
  • Se amplía la consideración de persona especialmente relacionada con la persona jurídica concursada a las personas que lo sean con los socios que sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y con aquellos que, en el momento del nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5 por ciento del capital social, o bien un 10 por ciento, según la sociedad tuviera o no valores admitidos a negociación.
  • Se incluyen en el quórum para la constitución de la junta de acreedores a los acreedores privilegiados, al establecer que la junta puede constituirse no solo con la mitad del pasivo ordinario, sino también con un la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.
  • Las reglas de liquidación del artículo 149, en general, siguen siendo supletorias,  si bien algunos aspectos de la enajenación del conjunto de la empresa o de unidades productivas  pasan a ser de obligado cumplimiento. Entre ellos destacamos la norma que obliga a que los ofertantes de la subasta incluyan una partida relativa a los gastos realizados por la empresa para la conservación de la actividad hasta la adjudicación definitiva, lo que puede ser de difícil cumplimiento por los mismos, dado que los plazos judiciales son de difícil previsión.
  • Tal como es habitual, la Ley aprobada contiene disposiciones que poco tienen que ver con la materia concursal, tales como la de ampliar la competencia del órgano de administración de una sociedad de capital para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, diversas modificaciones de la Ley 14/2014, de 24 de Julio, de Navegación Marítima y la declaración de interés general de ciertas obras de infraestructuras.
  • Finalmente destacamos que la disposición final séptima autoriza al Gobierno para elaborar un texto refundido de la Ley Concursal en el plazo de doce meses desde la fecha de entrada en vigor de la Ley.

Hay que reconocer que la discusión parlamentaria ha introducido algunas mejoras en el articulado del Real-Decreto-ley, pero se han rechazado algunas propuestas de enmienda que a nuestro juicio erantotalmente razonables y que habrían mejorado el procedimiento. Así, aquellas que abrían la posibilidad de que la Hacienda Pública suscribiese los acuerdos de refinanciación o convenios y condiciones singulares de pago, que no fuesen más favorables para el deudor que las del acuerdo de refinanciación o convenio. También la que separaba la figura del mediador concursal de la del administrador concursal del concurso consecutivo, dado que las funciones y principios de actuación de uno y otro son totalmente distintas y aún incompatibles, siendo imposible mantener los principios de confidencialidad y neutralidad, típicos de la mediación, en el concurso consecutivo.

Enmiendas de dos grupos parlamentarios distintos coincidían en sustituir la figura de las Sociedades de Tasación, que en el texto del Real Decreto-ley tienen atribuidas la función de valorar los bienes inmuebles para determinar el valor de la garantía de los acreedores con privilegio especial, por la del Experto Independiente y con los criterios y principios contenidos en la norma 13ª de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF nº 13). Ello parece totalmente razonable habida cuenta de que las Sociedades de Tasación son las que han valorado anteriormente, a instancia de los habituales acreedores con privilegio especial sobre bienes inmuebles, las entidades financieras, los inmuebles sobre los que tienen otorgadas garantías, quebrándose el principio de independencia de aquellas.

Otra enmienda excluía la sucesión de empresa, a efectos de Seguridad Social, en caso de enajenación conjunta o de unidades productivas, tema sobre el que antes de la reforma introducida por el Real Decreto-ley existían pronunciamientos judiciales distintos, pero que con la redacción del Real Decreto-ley y del redactado aprobado de la Ley se intenta dejar zanjado con la sucesión al adquirente del pasivo de Seguridad Social. Ello dificultará sin duda la transmisión de unidades productivas. Además, sigue la duda de si la sucesión se refiere al crédito devengado en relación a los trabajadores cedidos o a la totalidad del crédito impagado.

Como es bien sabido, la Ley 38/2011 facultó a la administración concursal para solicitar la liquidación en caso de cese de actividad. Sería importante establecer la legitimación subsidiaria de los acreedores para solicitarla cuando no lo haga el propio deudor o la administración concursal y a ello se refería una de las enmiendas rechazadas. Debe insistirse en que la demora en liquidar empresas inviables produce una devaluación paulatina de sus activos y la generación innecesaria de créditos contra la masa. A su vez, la falta de distinción temprana entre empresas que deben ser liquidadas y las que pueden ser restructuradas produce confusión en el mercado al no distinguir ambas tipologías y perjudica la viabilidad de las que pueden llegar a una solución convenida con sus acreedores.

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