EL BENEFICIO DE LA EXONERACION DEL PASIVO INSATISFECHO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO

19.10.2015
juzgado-mercantil

Desde la entrada en vigor de la Ley Concursal era objeto de justificadas críticas el tratamiento dado por el Legislador al concursado persona natural. Concluido el concurso por insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural seguía siendo responsable del pago de las deudas no satisfechas con la liquidación de su patrimonio en sede concursal, en aplicación estricta del art. 1.911 del Código Civil.

Aun cuando idéntica previsión se establecía para las personas jurídicas, lo cierto y verdad es que la conclusión del concurso motivaba la extinción de su personalidad jurídica, por lo que no existía ya deudor, ni patrimonio de su titularidad. Seguía siendo deudor “un muerto”.

Actualmente la Ley Concursal, tras diversas reformas llevadas a cabo en un escaso lapso de tiempo, y que han culminado (al menos hasta hoy) con la promulgación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, ya recoge la denominada “segunda oportunidad”,  “fresh start” , o lo que el artículo 178 bis denomina el “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”.

El deudor persona natural a quién se reconozca dicho beneficio, cuyo patrimonio habrá sido previamente liquidado para pago de sus deudas en el seno del proceso concursal, “podrá empezar de cero” sin tener que responder de forma indefinida y “eterna” de sus deudas insatisfechas. Lo que no es poco, si nos ponemos en la piel de muchos deudores que, a día de hoy, continúan estando “condenados” a ser insolventes de por vida, por cuanto cualquier bien o derecho que pudiera integrarse en su patrimonio estaría ex lege destinado al pago de sus deudas pendientes por mor del art. 1911 del Código Civil, y podría ser fruto en cualquier momento de un embargo por parte de sus acreedores insatisfechos.

El art. 178.2 de la LC continua recogiendo como regla general la consecuencia necesaria derivada del principio de responsabilidad patrimonial personal e ilimitada del art. 1.911 del Código Civil, estableciendo que, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, “el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes”, y que “los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso”.

Pero el propio art. 178.2 añade la excepción a esta regla general, estableciendo que ello será así “fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente”, esto es, en el art. 178 bis, titulado “Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”.

     Este beneficio no es total ni incondicional, sino que está sujeto a una serie de requisitos y condiciones, que a continuación expongo. Y conviene indicar que la regulación llevada a cabo con la Ley 25/2015, de 28 de julio, resulta aplicable retroactivamente a los concursos en tramitación a su entrada en vigor, y también en aquellos casos de deudores personas naturales, empresarios o no, cuyo concurso ya hubiera sido concluido y por cualquier causa se reaperturara, o se volviera a declarar.

 

1.- REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR Y OBTENER EL BENEFICIO DE LA EXONERACION DEL PASIVO INSATIFSFECHO.

Los requisitos para su solicitud y obtención son los siguientes:

  • Subjetivo. Sólo puede pedirlo y obtenerlo el deudor concursado persona natural.

No se concede de oficio por el Juez del Concurso, es rogado (art. 178 bis 2).

Como hemos dicho antes, no tiene sentido el concederse a una persona jurídica pues ésta, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa, se extingue ex lege (art. 178.3 LC).

  • Sólo se admitirá la solicitud del beneficio a los deudores “de buena fe” (art. 178.bis 3).

Se entenderá que concurre la buena fe (a estos efectos)  cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)  El art. 178 bis 3, 1º LC exige que el concurso “no haya sido declarado culpable”.

No obstante, añade, si hubiera sido declarado culpable por aplicación del art. 165.1.1º LC (incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso), el Juez podrá no obstante conceder el beneficio, siempre que en la conducta del deudor no apreciare dolo o culpa grave.

En consecuencia, según este precepto se requerirá:

i)    Que el concurso no haya sido declarado culpable.

Esto es, que haya sido declarado fortuito, o simplemente, que no se haya declarado de ninguna forma porque no se ha abierto la sección de calificación (supuestos de insuficiencia de masa activa, a los que me referiré más adelante).

ii)    Que el concurso haya sido declarado culpable por incumplimiento del concursado de su deber de haber solicitado su declaración de concurso en tiempo, pero siempre que no se hubiere apreciado en su conducta culpa grave o dolo.

Esto es, aun cuando fuere calificado culpable por esta causa, por concurrir la presunción “iuris tantum” del art. 165.1.1º LC, esta presunción no es suficiente a efectos de privar al concursado persona natural de la posibilidad de solicitar y obtener la segunda oportunidad, sino que habrá de haberse acreditado cumplidamente (entiendo que en la sección sexta) la concurrencia de dolo o culpa grave en su conducta.

 

Hasta aquí el requisito comentado parece claro, según la dicción literal del art. 178 bis.

Sin embargo, la redacción del art. 242.2.9ª de la LC (que regula las especialidades del concurso consecutivo tras un acuerdo extrajudicial de pagos fallido) viene a mi juicio a distorsionar esta cuestión.

Este precepto establece que, en el caso de deudor persona natural, en el auto de conclusión del concurso se declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que se cumplan los requisitos y con los efectos del art. 178 bis, pero añadiendo “si el concurso se calificara como fortuito”.

En mi modesta opinión, hubiera bastado simple y llanamente una remisión al art. 178 bis, que ya exigía como requisito para la obtención del beneficio que el concurso no se calificara culpable, o que aun calificándose así por aplicación del 165.1.1º, no se hubiere apreciado dolo o culpa grave en el deudor.

Sin embargo el art. 242.2.9º LC, y además de remitirse íntegramente a dicho art. 178 bis a efectos del reconocimiento del beneficio, comienza añadiendo un requisito adicional que realmente no se exige en este último. En efecto, comienza aquel precepto indicando que “en el caso de persona natural, si el concurso se calificara como fortuito”.

Es decir, exige a efectos de la concesión del beneficio que el concurso se haya calificado fortuito.

Y nos preguntamos ¿Qué sucede si no se ha abierto la sección de calificación, lo que indudablemente acarrea la consecuencia de que no se habrá podido calificar el concurso como fortuito?

Y es más ¿Qué sucede si ha sido calificado culpable por aplicación del artículo 165.1.1º LC, en base a la mera presunción iuris tantum que contempla dicho precepto, pero sin acreditarse cumplidamente la existencia  en su conducta de dolo o culpa grave?

Pues la respuesta es en principio clara. Si no atenemos a los requisitos del 178 bis sí que sería posible obtener el beneficio, pero si nos atenemos al 242.2.9ª no, porque el concurso no se habría calificado como fortuito.

A este respecto, conviene recordar que el art. 176 bis de la LC contempla expresamente la posibilidad de que un concurso se concluya por insuficiencia de masa activa en cualquier estado del procedimiento. Y ello aun cuando no se hubiere llegado a aperturar la sección de calificación (vid. art. 176 bis 1 y 3).

Incluso el apartado 4º de dicho precepto establece la posibilidad de que sea el propio Juez del Concurso quién en el mismo auto de declaración acuerde la conclusión, con lo que no se aperturaría la sección sexta. Sin embargo, la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 25/2015, de 28 de julio, ha añadido un segundo párrafo a este art. 176 bis 4, en el que como excepción a lo previsto en el primero de dichos apartados (posibilidad de conclusión en el mismo auto de declaración), establece que si el concursado fuere persona natural no cabría la posibilidad de que se concluyera el concurso en el mismo auto de declaración, sino que el Juez habría de designar un administrador concursal que debería liquidar los bienes (concurso de liquidación), y tras la conclusión de la liquidación el concursado podría solicitar el beneficio del art. 178 bis.

Si se entendiera que, tratándose de concursado persona natural,  esta “necesidad” de liquidar en todo caso e imposibilidad de que el concurso pudiera concluirse por insuficiencia de masa activa para pagar los créditos contra la masa se extendería a todas las fases del procedimiento, y no sólo a su momento inicial (en el propio auto de declaración del concurso), evidentemente siempre habría apertura de la sección sexta (tras la aprobación del plan de liquidación).

Sin embargo, la ubicación sistemática de este segundo párrafo parece referirse únicamente al supuesto que contempla el apartado 4 de dicho art. 176 bis, esto es, al tiempo de la declaración del concurso (el Juez no podría concluir por insuficiencia de masa activa en el mismo auto de declaración), pero no a otros momentos posteriores, en los que el Administrador Concursal sí podría concluir el concurso (debería) aun sin haber procedido a la apertura de la sección de calificación, bien porque hubiera informado razonadamente al Juez que el concurso no será calificado como culpable, o bien que lo que se pudiera obtener aun cuando así se calificase no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa (vid. apartados 1 y 3 del citado artículo 176 bis LC).

Sólo si se entendiera que el segundo párrafo del apartado 4 del art. 176 bis es aplicable durante todo el proceso concursal, como excepción a los concursos de persona natural, la sección sexta se abriría siempre (en cuyo caso siempre habría una calificación, o como culpable o como fortuita) Pero entonces no se entiende su ubicación sistemática en el precepto.

Pero aun así, la contradicción antes apuntada (art. 178 bis versus 242.2.9ª LC) continuaría existiendo, pues según el art. 178 bis el concursado persona natural cuyo concurso hubiera sido calificado culpable por incumplimiento del deber de instar el concurso en plazo, sin concurrencia de dolo o culpa grave, podría obtener el beneficio, pero según el art. 242.2.9ª no podría, porque el concurso no se habría calificado como fortuito.

Y por último, decir que no es que el art. 178 bis regule unos determinados supuestos, y el 242.2.9ª regule otros. Ambos se refieren al mismo supuesto, esto es, concurso consecutivo de persona natural que previamente ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos.

Adviértase que según el 178 bis es necesario para que se dé el requisito de la buena fe, que le posibilita obtener el beneficio,  que el deudor persona natural haya celebrado o al menos intentado celebrar dicho acuerdo extrajudicial de pagos, si reunía los requisitos necesarios para ello (estimación de su pasivo inicial igual o inferior a 5.000.000  €).

Si supera su pasivo los 5.000.000 €, el deudor no puede intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, por lo que la aparente contradicción de los preceptos ahora comentados no existiría, pues sólo le sería de aplicación el 178 bis, y no el 242.2.9ª, que se refiere a las especialidades del concurso consecutivo.

b)  Que el deudor no haya sido condenado por sentencia penal firme contra delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

Si pendiere un proceso de esta naturaleza el Juez deberá suspender su decisión respecto a la concesión del beneficio hasta que se dicte sentencia penal firme.

c)   Que reuniendo los requisitos establecidos en el art. 231 LC haya celebrado, o al menos intentado celebrar, un acuerdo extrajudicial de pagos.

El inicio de este expediente es previo y necesario para poder obtener el deudor persona natural el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, pero siempre y cuando el deudor reúna los requisitos legalmente establecidos para poder iniciar dicho procedimiento, que no en todos los casos lo está. Es muy importante tenerlo en cuenta.

En efecto, sólo podrá solicitar el inicio de este expediente el deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia (actual o inminente) cuya estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.

Si su estimación inicial los supera, no le será exigible a efectos de solicitar el beneficio haber iniciado previamente este expediente, porque sencillamente no puede iniciarlo (art. 231.1 LC).

d)  Y por último, y alternativamente (uno u otro), se requiere:

  1. Primera Alternativa.- Que el concursado haya satisfecho íntegramente:

a)   los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, si se tratara de persona natural que previamente hubiera celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Se trataría de deudores cuya estimación inicial del pasivo fuere igual o inferior a los 5.000.000 de € de pasivo, pues si es superior no podrían iniciar el expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 231.1 LC.).

En tal supuesto, obviamente, la exoneración del pasivo alcanzaría a los créditos concursales ordinarios y subordinados.

Si se tratara de créditos inicialmente privilegiados especiales, al haber sido previamente enajenados en la liquidación concursal los bienes o derechos afectos al privilegio, el exceso de crédito no cubierto por la garantía pasaría a tener la consideración de crédito ordinario (por principal) o subordinado (por intereses), según el caso, razón por la que la exoneración alcanzaría a estos remanentes.

b)  Los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, y al menos el 25 % de los créditos concursales ordinarios, cuando el deudor no hubiere intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

Evidentemente sólo puede referirse la norma a aquellos deudores que no pueden haber intentado siquiera iniciar el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, por tener un pasivo superior a 5.000.000 € (al excluirlos expresamente el art. 231.1 LC).

Si la estimación de su pasivo era igual a esta suma, necesariamente tendría que haber intentado celebrar dicho acuerdo extrajudicial de pagos, pues el art. 178 bis 3.3º lo exige como requisito previo y necesario para la obtención del beneficio cuando el deudor reunía los requisitos de acceso establecidos en el art. 231 LC, pues en otro caso no concurriría en el deudor la buena fe que se exige al efecto.

En definitiva, si el pasivo del deudor es igual o inferior a 5.000.000 € sólo tendrán que pagarse los créditos contra la masa y privilegiados para obtener el beneficio, Si su pasivo es superior a esos 5.000.000 €tendrá que abonar, además, al menos el 25 % de los créditos concursales ordinarios.

  1. Segunda Alternativa.- Que el concursado acepte someterse al Plan de Pagos previsto en el art. 178 bis 6 de la LC, al que a continuación nos remitimos.

Y veremos que incluso no cumpliendo el deudor este Plan de Pagos, el beneficio puede ser reconocido en determinadas circunstancias con carácter definitivo por el Juez del Concurso (siempre que se acredite haber destinado una parte de sus ingresos no embargables al pago de sus acreedores).

 

2.- EL PLAN DE PAGOS.

Como hemos indicado, uno de los requisitos para obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a la liquidación y conclusión del concurso es haber sido satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados, y en su caso al menos el 25% de los ordinarios. Era la primera alternativa comentada en el apartado anterior.

Pero como alternativa a dicho pago, que no siempre podrá realizarse, la LC contempla una segunda alternativa, cual es que el deudor acepte someterse al denominado Plan de Pagos.

Pero además de aceptar someterse a ese Plan de Pagos, o para poder someterse al mismo, el art. 178 bis 3 5º LC exige los siguientes requisitos adicionales:

a)  No haber incumplido las obligaciones de colaboración del art. 42 de la LC.

Evidentemente, ha de entenderse que aun cuando dicho incumplimiento no haya dado lugar a la calificación del concurso como culpable, pues de haberse calificado como tal, ya no se podría acceder al beneficio por ausencia del requisito de buena fe (art. 178 bis 3 1º LC).

b)  No haya obtenido el beneficio en los diez años anteriores.

c)   No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad (según las Disposiciones Transitorias de la Ley 25/2015 de 28 de julio, dicho requisito no será exigible durante el primer año a contar desde su entrada en vigor)..

d)  Acepte el deudor de forma expresa, al formular su solicitud del beneficio, que la obtención del mismo se haga constar en el Registro Público Concursal. No obstante, se limita el acceso de terceros a ese Registro a tales efectos, exigiendo interés legítimo (vid. 178 bis 3 4º v) LC)

En el caso que nos ocupa (que el deudor haya aceptado someterse a un Plan de Pagos), la exoneración se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos (art. 178 bis 5):

a)  A los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, “aunque no hubieran sido comunicados”, y exceptuando:

  • Los créditos de derecho público.
  • Los créditos por alimentos.

b)  En relación a los créditos del 90.1 (privilegiados especiales), la parte de los mismos que no hayan podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo que queden incluidos según su naturaleza en alguna categoría distinta a la de ordinarios o subordinados.

En definitiva, recapitulando, si el deudor se acoge al Plan de Pagos, habrá de satisfacer:

a)  Los créditos contra la masa.

b)   Los créditos privilegiados.

c)   Los créditos concursales ordinarios y subordinados de derecho público.

d)   Los créditos ordinarios y subordinados por alimentos.

En la otra alternativa (art. 178 bis  3 4º) bastaría con haber satisfecho los créditos contra la masa y los privilegiados (y el 25 % si no se hubiere intentando un acuerdo extrajudicial de pagos, porque no se podía, al superar la estimación inicial del pasivo del deudor los 5.000.000 €).

El art. 178 bis establece los siguientes efectos derivados de la sujeción a un Plan de Pagos, y son:

  1. Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

Este efecto, aunque sistemáticamente esté regulado en un apartado relativo a la alternativa del sometimiento a un Plan de Pagos (art. 178 bis 5), es también predicable para el supuesto del apartado 4º del art. 178. Bis 3).

Esta regulación es una obviedad, pues ninguna acción puede ejercitarse en relación a un crédito extinguido.

  1. Establece el penúltimo párrafo del art. 178 bis 5 que, sin perjuicio del cumplimiento del Plan de Pagos, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado, y frente a sus avalistas y fiadores, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado, ni subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviere contra el concursado, salvo que la exoneración fuese revocada.

Al igual que el efecto anterior, éste es predicable para todos los supuestos en que se produzca la exoneración del pasivo insatisfecho, no sólo cuando preceda del sometimiento a un Plan de Pagos.

  1. Si el concursado estuviere sujeto a un régimen económico matrimonial de gananciales, u otro de comunidad, y no se hubiere procedido a su liquidación, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso. Y ello respecto a las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que hubiera de responder el patrimonio común. Y habría que añadir que dicha exoneración se extenderá a todas las deudas anteriores a la declaración, aunque por cualquier causa no hubieran sido reconocidos.
  2. Las deudas no exoneradas deberán ser satisfechas en el plazo de cinco años, a contar desde la conclusión del concurso, salvo los créditos que tuvieran un vencimiento posterior.
  3. Durante estos cinco años siguientes a la conclusión del concurso, las deudas pendientes no podrán devengar intereses (art. 178 bis 6).
  4. A tales efectos, el deudor deberá presentar una propuesta de Plan de Pagos que, oídas las partes por 10 días, será aprobado por el Juez:

a)  o en los términos en que hubiera sido presentada.

b)  o con las modificaciones que estime oportunas.

vii. No obstante lo dispuesto en el punto vi anterior, respecto de los créditos de derecho público la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirán por lo dispuesto en su norma específica.

Esto es, la propuesta de Plan de Pagos no debe incluir lo relativo al pago de los créditos públicos (sean privilegiados, sean ordinarios o subordinados).

En estos casos la propuesta de pago ha de hacerse directamente a los organismos públicos (acuerdos singulares), sin que el Juez del concurso tenga potestad alguna para aprobarla o no.

 

3.- TRAMITACION DE LA SOLICITUD

Como hemos indicado, la concesión del beneficio (segunda oportunidad) no puede ser acordada de oficio por el Juez del concurso. Ha de solicitarlo el deudor concursado persona natural (no jurídica).

Y ha de solicitarse una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa (art. 178 bis 1), en el plazo de audiencia que a los efectos del art. 152.3 LC se haya dado a las partes en relación a los Informes de conclusión y rendición de cuentas presentados por la Administración Concursal (art. 178 bis 2).

También se refieren a este momento temporal de la solicitud el art. 176 bis 3, párrafo tercero, y el art. 176 bis 4, párrafo segundo.

Y ello sin perjuicio de lo previsto en el 242.2. 1ª, .b), y 242.2, 8ª, párrafo segundo (dentro de las especialidades del concurso consecutivo) que se refieren a la necesidad de informar sobre la concurrencia de los requisitos para la obtención del beneficio y de hacer alegaciones al respecto en un momento anterior al tiempo en que el deudor concursado puede formalmente efectuar su solicitud.

En síntesis los trámites serán los siguientes:

  1. Ha de solicitarlo el deudor concursado persona natural, sea o no empresario, una vez concluido su concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa.

Sólo será necesario que previamente haya celebrado o intentado celebrar sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, si reúne los requisitos que le facultaban instar dicho expediente (pasivo inicialmente estimado en 5.000.000 € o menos).

  1. Sólo se admitirá a trámite la solicitud si concurren los requisitos indicados en el apartado precedente (enumerados en el art. 178 bis 3 de la LC).
  2. De la solicitud se dará traslado a la Administración concursal y a los acreedores personados para alegaciones por cinco días, en relación a la procedencia o no de la concesión del beneficio.

Y puede suceder:

a)  Que muestren su conformidad a la concesión, en cuyo caso el Juez concederá el beneficio declarando la conclusión del concurso por fin de la liquidación, pero sólo con carácter provisional.

b)  Que ni una ni otros se opongan, en cuyo caso también se concederá la remisión con carácter provisional.

c)   Que una u otros se opongan a la concesión, en cuyo caso:

  1. La oposición sólo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos exigidos al deudor para poder solicitar el beneficio (fijados en el art. 178 bis 3).
  2. La oposición se tramitará por los cauces del incidente concursal.
  3. El auto de conclusión del concurso no podrá dictarse hasta que recaiga sentencia firme en dicho incidente, reconociendo o no el beneficio.

Si se reconoce, obvia decir que será con carácter provisional.

Si no se reconoce, el deudor seguirá siendo responsable personal e ilimitadamente de las deudas no satisfechas en la liquidación.

Conviene precisar que la concesión del beneficio en esta fase (al tiempo de la conclusión del concurso por finalización de la liquidación o por insuficiencia de masa activa) sólo es provisional. Y ello con independencia de que se haya producido una u otra de las alternativas previstas en los sub apartados 4º (haber sido satisfechos la totalidad de los créditos contra la masa y privilegiados, y en su caso al menos el 25 % de los ordinarios) y 5º del apartado 3 del art 178 bis LC (haber aceptado el deudor someterse al Plan de Pagos).

Así se deduce del tenor literal de lo dispuesto en el art. 178 bis 4, párrafo segundo de la LC, que no distingue a estos efectos (la concesión será provisional tanto si se han pagado los créditos contra la masa, privilegiados y en su caso al menos el 25 % de los ordinarios, como si alternativamente el deudor ha aceptado someterse al Plan de Pagos).

Sin embargo, como no, el apartado 8 del mismo art. 178 bis introduce una nueva confusión, cuando establece que transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del Plan de Pagos no se hubiere revocado el beneficio (provisionalmente concedido),  a petición del concursado el Juez dictará auto reconociendo el mismo con carácter definitivo. No establece idéntica consecuencia para el caso de que no hubiera tenido que cumplir ningún Plan de Pagos, porque a la conclusión del concurso ya hubiera satisfecho los créditos a que se refiere el art. 178 bis 3, 4º LC.

No obstante, a mi juicio, idéntica consecuencia debe establecerse para este supuesto. Transcurridos los cincos años desde la concesión del beneficio de forma provisional, si éste no se hubiera revocado, el Juez a petición del concursado declarará su carácter definitivo.

  1. Durante el plazo de los cinco años siguientes a la concesión provisional del beneficio, cualquier acreedor podrá solicitar su revocación, fundando su petición en:

a)  la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (salvo que se trate de bienes inembargables de conformidad con lo dispuesto en los arts. 605 y 606 LEC).

b)  Incurrir el deudor en cualquiera de las circunstancias del apartado 3 del art. 178 bis, que le hubieren impedido obtener (y solicitar) la concesión del beneficio.

c)   En su caso, el incumplimiento del deudor de la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el Plan de Pagos.

Luego me referiré a este motivo de revocación más detenidamente.

d)  La mejora sustancial de la situación económica del deudor dentro de dicho plazo (por las concretas causas que a continuación se dirán), de forma tal que le permitiese satisfacer todas las deudas pendientes, sin menoscabo de sus obligaciones de alimentos.

Según el tenor literal de la norma, sólo si esa mejora de fortuna le permite al deudor pagar “todas” las deudas pendientes (sin menoscabo de sus obligaciones de alimentos) podrá revocarse el beneficio.

Si por el contrario sólo le permitiera pagar una parte de esas deudas pendientes (v.g. el 95%), según el tenor literal de la norma no procedería la revocación del beneficio, ni el deudor estaría obligado a destinar el incremento de su patrimonio al pago de aquellas deudas, hasta donde alcanzare el mismo. Deudas que al término de los cinco años quedarían definitivamente exoneradas.

Realmente esta solución parece tener poca justificación, pero la norma (eminentemente restrictiva) exige que como consecuencia de ese cambio de circunstancias el deudor  “pudiera pagar todas las deudas pendientes”, no sólo parte o un porcentaje determinado,  para que procediere la revocación del beneficio.

Por otra parte, y a diferencia de cómo estaba regulado antes de la Ley 25/2015, de 28 de julio, sólo será causa de revocación el beneficio si esta mejora de fortuna, sustancial, tuviera su causa en:

i)        herencia, legado o donación.

ii)       o en causa de juego, envite o azar.

Si dicha mejora de fortuna tiene su causa en el trabajo, en la ejecución nuevos proyectos emprendidos por el concursado, o en cualquiera otro supuesto distinto a los antes citados, en ningún caso cabrá la revocación del beneficio.

Esta reforma ha de ser aplaudida a mi juicio, pues es evidente que tener sobre la cabeza la espada de Damocles no iniciativa precisamente al deudor, que acababa de obtener su “segunda oportunidad” (siquiera provisional), a emprender nuevos proyectos empresariales o profesionales tendentes a mejorar su situación económica (que en definitiva redundarían en un beneficio para la situación económica general), pues podría suponer la pérdida del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Si cualquier acreedor formula dentro del referido plazo de cinco años la revocación del beneficio provisionalmente concedido, su solicitud se tramitará por los cauces del Juicio Verbal (no del incidente concursal).

Y si se revocare, los acreedores recuperarían plenas sus acciones para reclamar al deudor la parte de sus créditos insatisfechos.

  1. Si transcurrido el plazo de cinco años no se hubiera revocado el beneficio provisionalmente concedido, el Juez del concurso dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho (“fresh start” o “second chance”).

Y ello procederá tanto:

a)            En el caso de que no hubiere existido aceptación de Plan de Pagos (por haberse satisfecho a la conclusión del concurso los créditos a que se refiere el apartado 3, punto 4º del art. 178 bis).

b)            En el caso de que el deudor hubiera cumplido el Plan de Pagos.

c)            En el caso de que, aun no habiéndolo cumplido, se dé el supuesto previsto en el apartado 8 del art. 178 bis, al que a continuación nos referiremos.

  1. En efecto, el art. 178 bis, apartado 8 establece la posibilidad de que el Juez del Concurso conceda con carácter definitivo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho aun cuando el deudor no haya cumplido el Plan de Pagos.

Los requisitos para ello serán los siguientes:

a)            Es una facultad del Juez, no una obligación.

El precepto establece que “atendiendo a las circunstancias del caso, y en todo caso previa audiencia a los acreedores, el Juez del concurso “podrá” conceder el beneficio de forma definitiva al deudor que no hubiese cumplido en su integridad el Plan de Pagos.

b)            Para conceder esta remisión definitiva habrá de estarse al transcurso de los cinco años previstos para el cumplimiento del Plan de Pagos.

c)            Se requiere inexcusablemente al efecto que el deudor durante dicho plazo de cinco años haya destinado:

i)        Al menos la mitad de los ingresos percibidos durante dicho periodo, que no tuvieren la consideración de inembargables, al cumplimiento del Plan de Pagos.

No obstante, el tercer párrafo del apartado 8 de este art. 178 bis establece que a los efectos de dicho precepto se entenderá por “ingresos inembargables” los previstos en el art. 1 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio., de medidas de apoyo a los deudores hipotecario, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

En consecuencia, a tales efectos serán ingresos inembargables los establecidos en el art. 607.1 de la LEC (lo que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional), incrementados en un 50%, y además, en un 30% más del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) por cada miembro del núcleo familiar que no obtenga ingresos, salario o pensión superiores al indicado S.M.I.

Los ingresos, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al SMI y a las cuantías indicadas resultantes de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar indicadas en el párrafo anterior, se considerarán embargables conforme a la escala prevista en el art. 607.2 de la LEC.

El propio art. 1 del Real Decreto Ley citado enumera que ha de entenderse por miembro del núcleo familiar a tales efectos, siendo éstos el cónyuge o pareja de hecho, y ascendientes o descendientes de primer grado que convivan con el deudor.

ii)       O la cuarta parte de dichos ingresos (esto es, de los previstos en el art. 1 del Real Decreto Ley 8/2011 citado en el apartado i) anterior), cuando el deudor estuviese en el umbral de exclusión, concurriendo las circunstancias previstas en el art. 3.1, letras a) y b) del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

Estas circunstancias serán:

a)  Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas.

A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El límite indicado será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b)  Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número

A este respecto se produce un nuevo problema de interpretación de la Norma.

Establece el art. 178 bis 8 que aun cuando el deudor no haya cumplido el Plan de Pagos, el Juez del Concurso podrá al término de esos cinco años conceder el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, cuando se hayan destinado al menos a su cumplimiento por el deudor los porcentajes de ingresos antes indicados.

Sin embargo, el apartado 7 b) del mismo artículo 178 bis establece que cualquier acreedor podrá pedir al Juez del concurso la revocación del beneficio provisionalmente concedido si durante el plazo fijado para el cumplimiento del Plan de pagos el deudor “incumpliese    la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos”.

Si ello es así, si cualquier acreedor puede instar la revocación del beneficio provisional durante el transcurso del plazo de cinco años, la exoneración antes indicada (destino de un porcentaje concreto de ingresos embargables) ya no sería posible, pues el beneficio habría sido revocado “antes” del transcurso del referido plazo de cinco años, que es el momento en el que según el texto de la norma podría el Juez conceder el beneficio de forma definitiva.

Lo que a mi juicio debería haber previsto la Norma, cuanto menos, es que el deudor podría oponer como causa de oposición a la solicitud de revocación del beneficio por esta causa el estar destinando dichos porcentajes de ingresos al cumplimiento del referido Plan de Pagos. Pero no lo establece, con lo que queda la duda que serán los Tribunales los que tendrán que resolver.

d)            Por último, establece el último párrafo del art. 178 bis que contra la resolución reconociendo con carácter definitivo el beneficio, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno.

e)            Pero no obstante ello, también establece dicho último párrafo que la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo primero del apartado 7 del art. 178 bis, esto es, cuando se constate la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor (embargables) ocultados.

No se establece el plazo durante el cual podría revocarse esta exoneración definitiva.

El párrafo primero del apartado 7 (al que se remite) establece, para el supuesto de concesión provisional del beneficio, que éste podrá revocarse en los cinco años siguientes contados desde su concesión (provisional).

¿Debemos entender que para el caso de exoneración definitiva el plazo será también de cinco años desde su concesión (definitiva), cuando no existe previsión expresa al efecto? .

Tampoco indica el trámite procesal para tramitar la solicitud de revocación. Podría al efecto aplicarse analógicamente la previsión contenida en el último párrafo del citado apartado 7, pues sería lógico que el mismo cauce procesal (juicio verbal) previsto para la tramitación de la solicitud de revocación de la exoneración provisional se aplicare al supuesto de la definitiva. Pero lo cierto y verdad es que tampoco existe remisión al efecto.

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