La elección de los Administradores Concursales. Una cuestión que no es baladí

3.09.2015
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No existe una Ley que haya sufrido tantas reformas en los últimos años, como ha sucedido con la Concursal. Desde el año 2003, los distintos Gobiernos han tratado de poner coto a los graves problemas que han ido surgiendo en la aplicación de una Ley elaborada en los momentos previos al inicio de la crisis económica, que disparó la complejidad y el número de los procedimientos.

Desde la publicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, una larga lista de reformas parciales se han ido siguiendo sin parar, modificando la norma en mayor o menor grado: Ley 36/2003, de 11 de noviembre; Ley 6/2005, de 22 de abril; Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; Ley 25/2005, de 24 de noviembre; Ley 30/2007, de 30 de octubre; Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo; Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio; Ley 13/2009, de 3 de noviembre; Ley 11/2011, de 20 de mayo; Ley 38/2011, de 10 de octubre; Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto; Ley 9/2012, de 14 de noviembre; Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto; Ley 14/2013, de 27 de septiembre; Ley 26/2013, de 27 de diciembre; Ley 1/2014, de 28 de febrero; Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo; Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre; 5/2015, de 27 de abril; Ley 17/2014, de 30 de septiembre; Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero; Ley 9/2015, de 25 de mayo; Ley 11/2015, de 18 de junio; Ley 20/2015, de 14 de julio. A estas reformas normativas hay que añadir la reciente Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

La formación de los administradores concursales se ha convertido en uno de los asuntos que quedan al margen del futuro Estatuto del Administrador Concursal, como consecuencia de la elección del Gobierno del examen de acceso en lugar de la formación inicial y continua que se preveían en el anterior borrador.

Una gestión prácticamente imposible

Las estadísticas y las previsiones sobre el ámbito concursal son bastante escasas y circunscritas a aspectos básicos; por ello, es importante saber que las listas de administradores concursales de los decanatos de los Colegios de Abogados, Economistas, Titulares Mercantiles y en el Instituto de Censores Jurados, superan en la actualidad los 40.000 profesionales inscritos, lo que hace casi imposible su gestión a la hora de que los jueces procedan a la designación de los profesionales más competentes para cada procedimiento. Según datos del Ministerio de Justicia, se estima que tan sólo alrededor de 8.000 profesionales han sido designados al menos una vez para ejercer en un procedimiento.

En el anterior borrador del proyecto se regulaba que la experiencia profesional inicial debería ser de cinco años en el ejercicio para personas físicas, exigencia que deberán reunir los socios de las personas jurídicas, que han de estar compuestas, al menos, por un abogado y otro miembro del resto de las profesiones reconocidas que cumplan los requisitos de acceso.

Sin mayor concreción, se exige en el nuevo texto reglamentario una formación inicial especializada, pero el requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional que llevará a cabo el Ministerio de Justicia y que cumplirá una función de filtro y de profesionalización de esta actividad. Quienes superen este examen podrán darse de alta en la Sección Cuarta del Registro Público Concursal y mantener una formación continuada, de al menos 25 horas lectivas anuales.

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